Revisarán los casos de reclusas del penal de Serdán cuya liberación está detenida por trámites legales.
El Instituto de la Defensoría Pública (IDP) de Puebla evaluará los casos de Ivette Isidro Ordóñez y Sara Luna, internas del penal femenil de Ciudad Serdán, quienes solicitaron su liberación anticipada tras cumplir los requisitos legales. Sin embargo, sus procesos quedaron en pausa debido al cambio de abogados de oficio.
El caso de Ivette Isidro Ordóñez
Ivette Isidro, condenada a 20 años de prisión por homicidio en Hueytamalco en 2010, ha cumplido más de dos tercios de su sentencia y cubierto la reparación del daño establecida en 120 mil pesos. Inicialmente, la solicitud de liberación también incluía a su hermana Alma Delia, quien falleció recientemente por una pancreatitis no atendida en el penal. Ivette asegura que, de haberse concretado la liberación, su hermana podría haber recibido atención médica adecuada. Ahora, ella es la única solicitante activa.
El caso de Sara Luna
Por su parte, Sara Luna lleva 18 de los 23 años de su condena por la muerte de su hijo, causada por un traumatismo craneoencefálico. Su madre, Natividad Zárate, explicó que el trámite estaba casi concluido, pues solo faltaba una audiencia para determinar el monto de la reparación del daño.
Retrasos por cambios de defensoría
Ambos casos estaban avanzando bajo la dirección de la abogada María del Carmen Báez, pero tras su reasignación a Cholula durante una reestructuración del IDP, los expedientes fueron transferidos a nuevos abogados, Guillermo y Diana Alejandra. Según las familias de las internas, estos defensores no dieron seguimiento y afirmaron que los trámites debían iniciarse de nuevo, lo que retrasó los procesos.
Acciones de la Defensoría Pública
Inés Laura López Martínez, titular del IDP, aseguró que supervisará personalmente ambos casos y enfatizó que los procesos no deben reiniciarse por cambios de defensor. Según López Martínez, las gestiones avanzadas están pendientes y deben retomarse sin pérdida de tiempo.
“Cuando hay cambio de defensor por adscripción, los casos deben continuar donde quedaron. Esto aplica en todas las etapas del sistema penal, ya sea en control, enjuiciamiento o ejecución”, explicó.
Asimismo, López Martínez destacó que investigará las razones del retraso en las audiencias de Ivette y Sara, además de entrevistarse directamente con ellas para garantizar el respeto a sus derechos.
Falta de recursos en el área de Ejecución de Sentencias
La titular del IDP reconoció que en el área de Ejecución de Sentencias, responsable de los casos bajo el sistema penal tradicional, solo trabajan dos defensores para toda la población privada de la libertad, lo que representa una carga excesiva. La reasignación de Báez se realizó para fortalecer otras áreas, pero esto afectó el seguimiento de casos críticos como estos.
“Tomaremos medidas para garantizar que los procesos avancen conforme a la ley y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”, concluyó.
