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La SEP Puebla ofrece Educación Básica y programas de alfabetización en los Ceresos.

A través de los centros de Educación Básica para Adultos, la dependencia ha llevado a cabo la entrega de 68 certificados de finalización de estudios de primaria y secundaria a personas que están privadas de su libertad. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para brindar oportunidades educativas a todos, independientemente de su situación legal.

La Dirección de Educación para Adultos de la Secretaría de Educación está comprometida con la inclusión educativa, ofreciendo servicios a aquellos que, por diversas circunstancias, no han podido concluir su Educación Básica. Esto no solo les permite obtener su certificado, sino que también les brinda herramientas valiosas para su reintegración en la sociedad.

Gracias al esfuerzo conjunto de 11 docentes, los centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) imparten programas de alfabetización, educación primaria y secundaria en varios Centros de Readaptación Social (Ceresos), incluyendo Huauchinango, Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, Teziutlán, Tehuacán, Tepeaca, Zacapoaxtla y Zacatlán. Durante el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría logró entregar 68 certificados a seis mujeres y 62 hombres, lo que refleja el compromiso de mejorar la calidad educativa en estas instituciones.

El proceso de enseñanza-aprendizaje para los internos es flexible, permitiendo que cada persona adapte su educación a su ritmo. Además, los interesados tienen acceso a un amplio repertorio de material didáctico disponible en las bibliotecas de los penales, donde también se organizan actividades como manualidades, obras de teatro y círculos de lectura. La educación no solo ofrece conocimiento, sino que también les permite a los internos modificar su vida cotidiana y transformar su entorno, proporcionando una salida a un ciclo de desventaja social.

Estas iniciativas son un claro ejemplo del compromiso del gobierno estatal para garantizar el derecho a la educación dentro de los Ceresos. Al hacerlo, se impacta positivamente en los aspectos personales, sociales, familiares, económicos y laborales de las personas privadas de libertad, lo que a su vez contribuye a una sociedad más justa e inclusiva.

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